Las políticas públicas en sostenibilidad son planes, leyes y programas que los gobiernos implementan para proteger el medio ambiente, promover el desarrollo económico y social, y reducir los impactos del cambio climático.
Su importancia radica en que permiten proteger recursos naturales, asegurar una economía resiliente y garantizar una mejor calidad de vida para las generaciones presentes y futuras.
Según la CEPAL, “la coordinación entre políticas fiscales y ambientales ha sido insuficiente, lo que ha afectado la efectividad de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales”.
Políticas públicas destacadas
1. Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 64-00)
Promulgada en 2000, esta ley establece el marco legal para la conservación ambiental en República Dominicana.
- Beneficios: protege ecosistemas, regula uso de recursos naturales y promueve desarrollo sostenible.
- Desafíos: limitada coordinación interinstitucional y recursos insuficientes para su aplicación efectiva.
2. Sistema Nacional de Monitoreo y Evaluación (SNMyE)
Creado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), busca mejorar la gestión y articulación de las políticas públicas, garantizando coherencia con los objetivos nacionales de desarrollo sostenible.
- Ejemplo: mediante los “Diálogos del Desarrollo”, se promueven consensos para enfrentar desafíos ambientales y sociales.
3. Préstamo para Políticas de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial
En 2024, el Banco Mundial aprobó un préstamo destinado a:
- Mejorar la capacidad institucional y financiera del gobierno para proteger recursos naturales.
- Promover la adaptación al cambio climático, conservación marina y reducción de contaminación.
- Fortalecer la protección de ríos y cuerpos de agua.
Desafíos persistentes
A pesar de los avances, existen retos significativos:
- Coordinación interinstitucional limitada: la falta de integración entre entidades gubernamentales dificulta la ejecución efectiva de políticas.
- Recursos limitados: insuficiencia de financiamiento y personal técnico reduce la capacidad operativa.
- Débil participación ciudadana: la sociedad civil no siempre participa activamente en la formulación y seguimiento de políticas, disminuyendo su impacto.
Ejemplo concreto: Aun con la Ley 64-00 vigente, la protección de áreas protegidas se ve afectada por la falta de coordinación entre ministerios y recursos limitados para su gestión.
La República Dominicana ha dado pasos importantes en la implementación de políticas públicas orientadas a la sostenibilidad ambiental, como la Ley 64-00, el SNMyE y el préstamo del Banco Mundial.
Para consolidar un desarrollo sostenible, es esencial:
- Fortalecer la coordinación interinstitucional.
- Asignar recursos adecuados a las instituciones responsables.
- Promover la participación ciudadana activa en la formulación y seguimiento de políticas.
Solo mediante un enfoque integral y colaborativo se podrá enfrentar los desafíos ambientales y garantizar un futuro sostenible para el país.
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