Una agenda de sostenibilidad obligatoria es un conjunto de reglas que exige a los países, instituciones públicas y empresas medir, reportar y mejorar sus impactos ambientales, sociales y de gobernanza. En palabras simples: que las organizaciones estén obligadas por ley a mostrar cómo consumen energía y agua, qué emisiones generan, cómo manejan sus residuos, cómo cuidan a sus empleados y qué acciones toman para proteger el clima y la economía local.
A nivel internacional, estas obligaciones ya existen en regiones como la Unión Europea. En América Latina, varios países avanzan hacia requisitos mínimos de reporte climático y estándares verdes.
¿Por qué es importante para la economía, la gente y el medio ambiente?
Una agenda sostenible obligatoria es clave porque:
- Reduce riesgos climáticos que afectan a la producción agrícola, las costas y las infraestructuras.
- Mejora la transparencia, aumentando la confianza de los inversionistas.
- Facilita el acceso a financiamiento verde, especialmente a través de bonos climáticos, fondos multilaterales y garantías.
- Protege recursos esenciales, como el agua, los ecosistemas y la salud de las comunidades.
- Prepara al país para competir en mercados donde ya se exigen estándares ambientales para exportar o atraer capital.
Según el Country Climate and Development Report del Banco Mundial (2023), la República Dominicana necesita aumentar significativamente sus inversiones en adaptación para evitar pérdidas económicas asociadas al clima, un elemento que vuelve urgente la implementación de reglas más estrictas.
¿Qué tan preparada está la República Dominicana?
1. Marco legal: una base sólida, pero aún en transición
El país ha avanzado con instrumentos modernos como:
- La Taxonomía Verde de la República Dominicana (2024), publicada por el Ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia del Mercado de Valores, que define qué actividades económicas pueden considerarse “verdes” según criterios técnicos.
- La Ley 64-00 de Medio Ambiente y la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC-RD 2020), en la que el país formalizó metas de mitigación y adaptación al cambio climático.
Estos avances crean las bases para una futura obligatoriedad de reportes ambientales, climáticos o sociales.
2. Instituciones: voluntad clara, capacidades en desarrollo
Existen actores clave —Ministerio de Medio Ambiente, Superintendencia de Bancos, SIMV, Ministerio de Economía— que ya trabajan temas de sostenibilidad. Sin embargo, organismos multilaterales como el Banco Mundial y la CEPAL señalan que aún faltan más recursos, personal técnico y sistemas de supervisión para hacer cumplir obligaciones complejas.
3. Sector privado: avances notables en grandes empresas; rezagos en PYMES
Las empresas más grandes y los participantes del mercado de valores ya aplican estándares internacionales de sostenibilidad o reportes ESG.
Pero las PYMES, que constituyen más del 98% del tejido empresarial, tienen dificultades para:
- medir su huella ambiental,
- costear consultorías,
- acceder a financiamiento verde,
- cumplir estándares técnicos avanzados.
Sin apoyos específicos, una obligatoriedad general podría sobrecargar al segmento más vulnerable del aparato productivo.
4. Datos y métricas: comienzo prometedor, pero no suficiente
El país cuenta con inventarios de emisiones, estadísticas ODS y reportes sectoriales, pero aún carece de:
- un sistema unificado de medición y verificación,
- estándares nacionales obligatorios,
- datos consistentes entre instituciones.
Las evaluaciones técnicas del Banco Mundial insisten en que la calidad y coherencia de los datos deben mejorar para sustentar reglas de reporte obligatorio.
5. Financiamiento: el mayor cuello de botella
La transición sostenible necesita capital. Aunque el país ya emite bonos verdes y recibe apoyo multilateral, las PYMES y proyectos pequeños siguen enfrentando barreras de acceso.
Sin financiamiento accesible y acompañamiento técnico, exigir reportes y estándares estrictos puede ser inviable para gran parte del sector productivo.
¿Entonces, está preparada la República Dominicana?
Sí, pero solo parcialmente.
El país tiene la base legal, la voluntad institucional y herramientas como la Taxonomía Verde para iniciar un proceso de obligatoriedad gradual.
Sin embargo, aún no está totalmente listo para una agenda obligatoria universal, especialmente debido a la falta de:
- capacidades técnicas,
- sistemas de datos robustos,
- financiamiento para empresas pequeñas,
- mecanismos de verificación y cumplimiento.
Ejemplos concretos de avances que acercan al país a una obligación futura
- Taxonomía Verde (2024): primera guía oficial que clasifica actividades verdes en sectores como energía, residuos, transporte y construcción.
- NDC 2020: compromisos nacionales que incluyen reducir 27 % de emisiones de GEI para 2030 (condicionado).
- Bonos verdes emitidos por instituciones dominicanas, que requieren reportes ambientales alineados con estándares internacionales.
- Pilotos de supervisión climática en el sector financiero realizados por la Superintendencia de Bancos y la SIMV.
La República Dominicana puede avanzar hacia una agenda de sostenibilidad obligatoria, pero debe hacerlo de manera gradual y estratégica. Para lograrlo, se requieren acciones inmediatas:
- Aplicar obligaciones por fases, empezando con bancos, aseguradoras y grandes emisores.
- Crear fondos y líneas de crédito verdes para que las PYMES puedan cumplir sin frenar su crecimiento.
- Fortalecer la infraestructura de datos y verificación, clave para reportes confiables.
- Capacitar a empresas y gobiernos locales en estándares como GRI, GHG Protocol y la Taxonomía Verde.
- Alinear incentivos fiscales para favorecer actividades verdes certificadas.
Con estas medidas, el país podrá consolidar una transición sostenible robusta, competitiva y alineada con estándares internacionales.
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